Madres de familia mandarán mil cartas a la Corte Suprema en apoyo de los alivios migratorios

PANORAMA CITY — Con una bebita de 10 meses en brazos, Athena; y a un lado el pequeño Zeya, de cuatro años de edad, Lola Vargas acudió a firmar una carta dirigida a Anthony McLeod Kennedy, juez de la Corte Suprema de Justicia considerado clave para resolver el proceso de las acciones ejecutivas de inmigración.

Al trascender que, en abril, la Corte Suprema escuchará los argumentos de las partes involucradas, en Los Ángeles enviarán decenas de misivas al juez oriundo de Sacramento, en las que se pide que considere la importancia de unir a las familias y no contribuya a aumentar las deportaciones.

“Hemos venido a superarnos, lo hacemos por nuestros hijos, ellos son el futuro; le pediría al juez que nos dé una oportunidad”, manifestó Vargas, antes de estampar su rúbrica a una de las 1,000 cartas que serán enviadas este 8 marzo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Esta mujer es originaria de Hidalgo, México. De aprobarse las acciones ejecutivas, en su casa serían favorecidos dos de sus hijos y su esposo. Ella se dedica a limpiar casas, pero al no contar con un estatus migratorio regular sostiene que no ha podido aprovechar todas las ofertas de empleo.

“Si hay un trabajo en San Diego no lo podemos tomar”, explicó en referencia a las inspecciones que Migración realiza en dirección a esa ciudad fronteriza. “Para nosotros significa mucho, porque este tiempo hemos tenido que estar escondiéndonos, ya no queremos vivir con miedo”.

Se estima que alrededor de 5.2 millones de personas serían beneficiadas con la Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos y Residentes Estadounidenses (Dapa) y la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca).

Estas medidas, anunciadas por el presidente Obama en noviembre de 2014, llegaron hasta la Corte Suprema después que 26 gobernadores interpusieron una demanda al considerar que los decretos, como también se conocen, podían ser inconstitucionales.

A juicio de Álex Gálvez, abogado de inmigración, los cuatro jueces nombrados por presidentes demócratas favorecerán al gobierno federal; en cambio, asegura que el juez Kennedy, electo por un mandatario republicano, se ha caracterizado por votar fuera de las expectativas políticas.

“Es como el trampolín de este caso”, definió el jurista angelino, detallando que con la muerte del Antonin Scalia existía el temor que los ocho magistrados pospusiera la audiencia. “La esperanza es que se tenga un resultado final antes que la Corte se vaya de vacaciones en junio”.

Expertos en el Migration Policy Institute (MPI), con sede en Washington D.C., sostienen que una sentencia de 5-3 favorecía a Obama; además, consideran que un empate 4-4 sería positiva, solamente que eso implicaría que la medida no se podría aplicar en Texas, Louisiana y Mississippi.

Sarah Pierce, abogada de inmigración de MPI, manifestó a HOY que el empate de votos mantendría el bloqueo en los tres estados en donde tiene jurisdicción la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, instancia en la que se revisó el caso antes de pasar al Tribunal Supremo.

“Es posible que los jueces podrían decidir no emitir una sentencia”, señaló Pierce, asegurando que la Corte puede esperar a dar un fallo hasta que se tenga al noveno juez, es decir al sustituto de Scalia. “Esto empujaría a una decisión final en 2017 y en el término de un nuevo presidente”, agregó.

Mientras tanto, organizaciones de todo el país se preparan a desplazarse a la Corte Suprema, en Washington, con el fin de que los jueces conozcan el sentir de la comunidad.

Alma Couverthie, directora de organización comunitaria en Casa Maryland, entidad ubicada en la periferia de la capital estadounidense, indicó a HOY que lo mejor es que la población que se beneficia con estos programas tengan listos los documentos de cara a una sentencia a favor.

“No esperemos a último momento; hay que tener los documentos que prueban las contribuciones a este país, porque si se aprueban las acciones ejecutivas habrá que moverse rápido y lo ideal es que se implemente en la administración Obama”, aseveró Couverthie.

En el Sur de California, entretanto, en la organización Hermandad Mexicana Transnacional seguirán colectando cartas con el propósito de que el juez Kennedy conozca a las mujeres, que son padres y madres de familia a la vez; además del riesgo que corren sus hijos, ciudadanos estadounidenses, en caso de ser deportadas.

“Queremos que el juez sepa que las mujeres mantienen la unidad familiar; tenemos más de 5 millones de niños ciudadanos que se podrían beneficiar si se detienen las deportaciones de sus padres, todos se beneficiarían si se aprueba esta ley”, concluyó la activista Gloria Saucedo.