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Los jueces de California podrían ordenar ayuda para los californianos en situación de calle bajo el nuevo plan de Newsom

Un campamento de indigentes en el centro de Los Ángeles
Un residente de un campamento para personas desamparadas en el centro de Los Ángeles se sienta en la calle en enero.
(Irfan Khan / Los Angeles Times)

Mientras las ciudades de California luchan por abordar una crisis de personas sin hogar, así como de salud mental en sus calles, la administración del gobernador Gavin Newsom presentó el jueves una propuesta para empujar a más individuos con trastornos psiquiátricos graves y problemas de adicción a la atención ordenada por la corte, medida que incluye medicamentos y vivienda.

La propuesta, que Newsom llama Tribunal de Asistencia, Recuperación y Empoderamiento de la Comunidad, es el último esfuerzo del estado para abordar una de las mayores luchas de California, y un reconocimiento de que se necesita algo más sólido para resolver el problema. El gobernador asignó $12 mil millones para personas sin hogar en el presupuesto estatal el año pasado y propuso $2 mil millones adicionales en su plan financiero de enero.

Pero implementar una respuesta ordenada por la corte a las enfermedades mentales y los trastornos por abuso de sustancias aceleraría la estrategia múltiple del estado para ayudar a miles de personas a obtener los servicios que tanto necesitan, al tiempo que reconoce que el sistema actual no está funcionando como debería.

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“En lugar de reformar un sistema que está fundamentalmente roto, estamos adoptando un nuevo enfoque”, señaló Newsom durante una conferencia de prensa el jueves. “Estamos ofreciendo una nueva estrategia y nuevas asociaciones. Pero lo estamos ofreciendo de una manera que no lo hemos hecho en el pasado, y eso es con recursos”.

Newsom agregó que la nueva iniciativa vendría con “inversiones sin precedentes” que podrían sumar “miles de millones de dólares” durante varios años para establecer la infraestructura y la fuerza laboral necesaria a fin de lograr el plan. Igualmente, detalló que CARE Court tiene como objetivo abordar la urgencia y la magnitud de la crisis de las personas sin hogar, y contiene disposiciones de rendición de cuentas para garantizar que la gente siga el programa.

“Se trata de responsabilidad, pero involucra compasión y reconocer la condición humana”, comentó.

Sarah Dusseault, copresidenta de la Comisión Blue Ribbon sobre Personas Sin Hogar en el condado de Los Ángeles, acogió con satisfacción el anuncio. Dusseault ha trabajado en el gobierno local durante años en soluciones para individuos en situación de calle, inspirada por su experiencia defendiendo a su hermano y navegando por un sistema que le ha dificultado recibir atención para su esquizofrenia.

“Estoy increíblemente entusiasmada con un mayor acceso para la atención”, manifestó Dusseault. “La gente se pierde en el sistema actual y tenemos que crear medidas de rendición de cuentas para que no se pierdan”.

Todos los 58 condados de California tendrían que participar en el programa a través de sus tribunales civiles, y los gobiernos locales podrían enfrentar sanciones si no cumplen con sus requisitos. Una persona no tendría que experimentar la falta de vivienda para participar en CARE Court, y las familias, los médicos, los condados, los proveedores de salud conductual y los socorristas podrían pedir a los jueces que implementen un plan. Para determinar si alguien califica para un plan CARE, un juez tendría que ordenar una evaluación clínica.

Los participantes podrían incluir a aquellos que acaban de ser arrestados y liberados, o que están saliendo de una retención hospitalaria involuntaria a corto plazo. Se podría ordenar un plan para una duración de 12 meses, con la posibilidad de una prórroga de 1 año. Si no tiene éxito, un participante podría ser hospitalizado o recibir tutela. Los casos penales que se detuvieron mientras los participantes ingresaban al CARE Court podrían reanudarse si el plan no funcionaba.

Las tutelas, que generalmente se reservan para personas con enfermedades mentales graves, otorgan el poder de tomar decisiones legales a otra persona. La práctica es muy controvertida y algunos críticos argumentan que despoja injustamente a los individuos de sus derechos, mientras que los defensores afirman que a menudo es la mejor opción para quienes atraviesan una crisis. La administración de Newsom puntualizó que CARE Court enfatizaría las “intervenciones individualizadas” a través de un “enfoque centrado en el cliente”, y los participantes tendrían acceso a un defensor público y un equipo de atención durante todo el proceso.

En una llamada del jueves con los periodistas, los funcionarios de la administración dijeron que el nuevo programa tiene como objetivo salvar vidas y prevenir el encarcelamiento, así como la falta de vivienda entre los residentes más vulnerables del estado a través de un enfoque modernizado que no se basa en la tutela.

“CARE Court realmente no es un reemplazo de la tutela”, explicó Jason Elliott, el principal asesor de vivienda de Newsom, y agregó que es una “nueva herramienta”.

El anuncio del jueves se desvía de lo que sugirió el gobernador durante su propuesta de presupuesto de enero cuando insinuó “inclinarse hacia las tutelas” este año, aunque ofreció pocos detalles en ese momento sobre lo que eso podría incluir.

El Dr. Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos de California, mencionó que el plan ayudaría a aliviar “uno de los desafíos más desgarradores, doloroso y curables que enfrentamos en nuestras comunidades y en nuestras calles”.

“Para una comunidad, una población de individuos que vive en las sombras, que a menudo vive sin voz, hoy se trata de levantarlos y priorizar sus necesidades”, enfatizó Ghaly.

Jessica Cruz, directora ejecutiva de la sección de California de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, indicó que la propuesta es algo que ha sido abogado por las familias durante años.

“Esta es una oportunidad para las familias que han vivido tanto dolor y sufrimiento durante muchos años, esto nos da al menos la oportunidad de obtener el tratamiento que necesitan nuestros seres queridos”, señaló Cruz. “Esta es una oportunidad para salvar vidas y sanar familias”.

Cruz también comentó que el marco de CARE Court no solo presenta una alternativa a la tutela, sino que también daría nuevas esperanzas a aquellos que no han tenido éxito con el tratamiento anterior.

“Es un camino diferente para las personas, una puerta distinta que la gente realmente pueden abrir y que nunca se había desbloqueado”, comentó Cruz.

Ghaly explicó que el nuevo programa se centrará en los servicios clínicos para personas que experimentan trastornos psicóticos como la esquizofrenia, junto con planes de tratamiento para trastornos por abuso de sustancias. Otro elemento importante del plan es brindar servicios de vivienda, destacó el secretario de Salud y Servicios Humanos.

Sin embargo, en respuesta al anuncio, la Asociación de los Condados del Estado de California en un comunicado expresó su preocupación por la propuesta, incluido el hecho de que contiene sanciones.

“Es importante aprovechar los éxitos de colaboración anteriores entre el estado, los condados y las ciudades. Todos los condados están dispuestos a hacer cada uno lo que le toca para resolver la falta de vivienda y reconstruir la infraestructura de salud conductual. Las sanciones no son la forma de hacerlo”, mencionó Graham Knaus, director ejecutivo de la asociación, en el comunicado.

La asociación también advirtió que la infraestructura de salud conductual ha sufrido décadas de financiación insuficiente. Aunque CARE Court ayudaría a una “población reducida”, escribió la asociación, se necesita más vivienda y un cambio sistémico, lo que significa que el programa “tendrá un éxito limitado”.

Aunque hasta ahora el plan es solo un marco de política, la administración agregó que está trabajando con la Legislatura en un proyecto de ley que codificaría la propuesta. Newsom también señaló que CARE Court podría incluirse en el presupuesto, que sería la forma más rápida de implementarlo. La fecha límite para aprobar la legislación es el 31 de agosto, pero la Legislatura aprueba el presupuesto cada año en junio.

Elliott dijo que es imperativo que los legisladores trabajen rápidamente para aprobar la iniciativa a fin de que el plan pueda convertirse en ley.

“No tenemos tiempo que perder aquí”, enfatizó Elliott.

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