Por qué el crimen está en el centro de las elecciones este año en California

SACRAMENTO — Un ataque publicitario poco visto en contra del fiscal general Rob Bonta, en donde se le califica como un “político antipolicías”, puede ser solo un momento en el universo de las redes sociales, pero sirve como un letrero de neón intermitente que advierte a los demócratas qué esperar en la temporada electoral de California.

“¿Cómo puede alguien que se preocupa más por los derechos de los criminales, en comparación con los derechos de las víctimas, y que habitualmente está en desacuerdo con las fuerzas del orden público, ser el principal policía de nuestro estado?”, plantea el anuncio. “Es tiempo de un cambio”.

La crítica proviene de un comité político independiente que respalda a la candidata a fiscal general Anne Marie Schubert, la fiscal de distrito republicana convertida en independiente del condado de Sacramento. El anuncio también ataca al gobernador Gavin Newsom, quien enfrenta un bombardeo similar de la derecha en su carrera por la reelección por prometer cerrar dos prisiones, imponer una moratoria a la pena de muerte y nombrar a Bonta como el principal policía del estado.

Después de más de una década en un segundo plano de las preocupaciones de los votantes en California, el temor por el crimen ha pasado a primer plano a medida que los republicanos aprovechan el tema para ensartar a los demócratas desde el Capitolio estatal hasta la Casa Blanca. Los republicanos están exigiendo el fin de las políticas liberales que reemplazaron algunas de las leyes más duras contra el crimen de las décadas de 1980 y 1990 promulgadas bajo los gobiernos republicanos de George Deukmejian y Pete Wilson.

El cálculo político es claro. Dos tercios de los votantes registrados en California creen que la delincuencia ha aumentado en sus vecindarios, según una encuesta reciente del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley copatrocinada por Los Angeles Times. Un poco más de la mitad de los votantes encuestados señalaron que Newsom está haciendo un mal trabajo en materia de delincuencia y seguridad pública, 16 puntos porcentuales más que en 2020.

Esas percepciones han sido impulsadas en gran medida por la cobertura de noticias de televisión de una serie de robos “exprés” coordinados. Los robos de automóviles y los autos robados también están impulsando aumentos en el crimen en las principales ciudades, según un estudio de enero realizado por el Instituto de Políticas Públicas de California.

El consultor político republicano David Gilliard detalló que el crimen es un problema que los demócratas de California “poseen” después de convencer a los votantes de ampliar las opciones para la liberación anticipada de decenas de miles de personas encarceladas y reducir el castigo para muchos condenados por robo y otros delitos no violentos.

La Proposición 47, la medida electoral aprobada por los votantes de 2014 que apoyó Newsom, reclasificó algunos delitos graves de drogas y robo como delitos menores y aumentó de $400 a $950 la cantidad por la cual el robo puede ser procesado como delito grave. Dos años más tarde, los votantes de California aprobaron la Proposición 57, una medida de revisión de la libertad condicional que incrementó los créditos por buena conducta, lo que permitió que los presos fueran liberados antes.

“Cuando tienes menos personas que son delincuentes en prisión, eso significa que hay más de ellos en la calle y que el crimen aumenta. Es una ecuación bastante fácil de entender para los votantes”, comentó Gilliard.

Se están realizando esfuerzos de destitución contra fiscales de distrito progresistas en dos de los condados más liberales de California. Un esfuerzo para expulsar a la fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, algo que la alcaldesa de San Francisco, London Breed, insinuó que podría apoyar, estará en la boleta electoral de junio. Otro esfuerzo de revocación, dirigido al fiscal de distrito George Gascón, se está convirtiendo en una línea divisoria fundamental en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles.

Los republicanos en Sacramento se están apoyando en el impacto de la Proposición 47 para cristalizar su mensaje político.

El asambleísta Kevin Kiley (republicano de Rocklin), quien se postula para el Congreso en un distrito sólidamente republicano, calificó la Proposición 47 como una “política fallida” que ha infligido “consecuencias desastrosas” a los californianos. Él y más de una docena de otros legisladores republicanos presentaron el Proyecto de Ley 1599 de la Asamblea para derogar la ley, un gesto mayormente simbólico en una Legislatura controlada por demócratas.

“Creo que los californianos están hartos de este tipo de anarquía”, puntualizó Kiley. “Están listos para volver a tener una política de seguridad pública racional”.

Algunos líderes republicanos prominentes transmitieron un mensaje diferente hace solo siete años, cuando la retórica de mano dura contra el crimen comenzó a desvanecerse en algunas partes del país.

En 2014, el senador republicano Rand Paul de Kentucky y el ex presidente republicano de la Cámara, Newt Gingrich, instaron a los votantes de California a aprobar la Proposición 47. En un artículo de opinión del Registro del Condado de Orange, Paul argumentó que Estados Unidos necesitaba cambiar su sistema de justicia penal porque “drena el dinero de los impuestos”, desestabiliza a las familias y, lo que es peor, no nos hace más seguros”.

Ese mismo año, el entonces gobernador de Texas, Rick Perry, se jactó de cerrar un centro correccional luego de que el estado usara los tribunales de drogas para desviar a los adictos al tratamiento.

“Quiere hablar de un gobierno conservador real. Cierre las prisiones. Ahorre ese dinero”, manifestó Perry a la audiencia en la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2014.

Pero los comentarios de Paul y Perry llegaron en un momento en que las tasas de criminalidad estaban cerca de mínimos históricos en muchas partes del país, y las preocupaciones de los votantes se centraban en otros lugares.

El consultor demócrata Andrew Acosta comentó que los votantes de hoy están enojados por una multitud de problemas que afectan su vida cotidiana, entre ellos el crimen, y que los candidatos de su partido harían bien en tomar eso en serio.

“Vivienda, delincuencia: Esos son los problemas. Luego la inflación”, señaló Acosta. “¿Cómo se ve todo esto en noviembre? No lo sé, pero en este momento, podría ser un brebaje algo tóxico”.

El asambleísta Al Muratsuchi (demócrata de Rolling Hills Estates), ex fiscal del Departamento de Justicia del estado, está apoyando la legislación de este año para revertir las disposiciones de la Proposición 47, incluido un proyecto de ley para devolver el umbral para el delito grave de robo a $400.

“La Legislatura debe responder a la voluntad del pueblo”, indicó Muratsuchi. “La encuesta de Berkeley muestra claramente que cada vez una mayor cantidad de californianos están progresivamente más preocupados por la dirección en la que nos hemos estado dirigiendo, y ahora tal vez sea el momento de que tomemos, si no una corrección de rumbo, al menos algún cambio”.

El asambleísta Reggie Jones-Sawyer (demócrata de Los Ángeles), presidente del Comité de Seguridad Pública, sostuvo que está a favor de adoptar un enfoque más mesurado en lugar de ceder a la política del momento. Cualquier esfuerzo por revertir la Proposición 47 debe ir acompañado de datos que demuestren por qué se necesitan los cambios y que no estén “basados en el miedo”, señaló.

Jones-Sawyer indicó que existe un malentendido generalizado de la Proposición 47, lo que la hace vulnerable a las críticas. Señaló que debe haber una mayor colaboración entre los defensores de la justicia penal y las fuerzas del orden, comparando a las dos partes con “dos padres discutiendo ante un divorcio”.

“Cuando estamos discutiendo, se convierte en un campo de batalla. Y las únicas personas que sufren son quienes se supone que debemos cuidar”, comentó.

Jones-Sawyer presentó un proyecto de ley este año para otorgar a las fuerzas del orden público más poder para arrestar a las personas involucradas en robos en tiendas minoristas, así como robos exprés.

La sheriff del condado de Fresno, Margaret Mims, mencionó que el aumento de los delitos violentos y las crecientes preocupaciones entre los votantes eran predecibles. Los delitos contra la propiedad se han vuelto tan desenfrenados que más negocios y residentes no ven ninguna razón para denunciar los robos, señaló.

“Estamos abrumados, porque los delincuentes parecen estar más envalentonados”, destacó Mims. “Creo que eso se debe a los mensajes que se envían desde Sacramento, lamentablemente, y a la Prop. 47”.

Los defensores de la Proposición 47 señalan que, según el Departamento de Justicia de California, los delitos contra la propiedad han disminuido constantemente en todo el estado desde que se promulgó la ley, al menos hasta 2020, las cifras más recientes disponibles.

Aproximadamente 30 estados han aumentado el umbral para los delitos graves de robo desde 2005, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Más de la mitad de todos los estados tienen un umbral de robo por delito grave de $1.000 o más.

“Durante años, las fuerzas del orden de California le han estado diciendo a la gente que la Proposición 47 está contribuyendo a un aumento de la delincuencia”, mencionó Anne Irwin, fundadora y directora de Smart Justice California, asociación que aboga por la reforma de la justicia penal. “La policía estaba difundiendo esta información errónea incluso cuando el crimen en California estaba en todos los niveles en mínimos históricos”.

El profesor de criminología de UC Irvine, Elliott Currie, explica que las estadísticas de delitos contra la propiedad son notoriamente poco confiables, incluso antes de la aprobación de la Proposición 47, porque muchos incidentes no se informan. Señaló que, durante la pandemia, los delitos violentos, en particular los asesinatos, han ido en incremento en todo el país.

“Está ocurriendo en diferentes tipos de lugares: estados rojos, estados azules y demás. Intentas atribuir eso a las reformas de la justicia penal de California, claramente estás equivocado”, subrayó Currie. “Es solo un tema de conversación republicano en este momento”.

El fuerte aumento de homicidios durante la pandemia es más claro, señaló Currie. A nivel nacional, la tasa incrementó casi un 30% entre 2019 y 2020, y California experimentó un alza ligeramente mayor, según los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos y el Departamento de Justicia del estado. Montana, Dakota del Sur y Kentucky registraron algunos de los mayores aumentos, al igual que Nueva York, Pensilvania e Illinois.

Los candidatos en algunas de las contiendas políticas divisivas de California están haciendo del aumento de homicidios una pieza central de su discurso ante los votantes este año.

El candidato republicano a gobernador Brian Dahle, un senador estatal del norte de California, culpó del aumento de los asesinatos a las políticas de las “élites liberales”. Brian Marvel, presidente de la Asociación de Investigación de Oficiales de Paz de California, argumentó que las políticas progresistas del estado sobre el crimen “nos han costado vidas y creado muchas más víctimas” cuando anunció el respaldo de su organización a Schubert para fiscal general el martes.

Pero Newsom y Bonta han dado señales de su intención de utilizar el miedo a la violencia armada en una nueva línea de ataque hacia la industria de las armas de fuego. Los demócratas argumentan que los defensores del derecho a portar armas y los fabricantes han sembrado el aumento de los delitos violentos a través de la proliferación de armas en todo el país. Los dos aparecieron juntos en una conferencia de prensa en febrero en Del Mar para apoyar la legislación que permite a los californianos demandar a los fabricantes y distribuidores de armas.

A lo largo de sus primeros tres años en el cargo, Newsom ha defendido las políticas progresistas contra el crimen que se han adoptado durante la última década, incluidas las prohibiciones de armas de asalto y medidas destinadas a reducir la reincidencia a través de oportunidades educativas, así como programas de salud mental.

“No vamos a dar marcha atrás en nuestro compromiso con la entidad de promover reformas integrales. No vamos a retroceder en este estado para corregir los errores del pasado”, manifestó Newsom en diciembre.

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