El gobernador de P.Rico firma la ley para la nueva política energética
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San Juan — El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó hoy la ley que establece la política energética de la isla caribeña para el futuro, lo que significará la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación y el fin del monopolio de la Autoridad de la Energía Eléctrica.
“Estamos ante un día histórico en la transición para un área neurálgica para Puerto Rico”, dijo Rosselló en conferencia de prensa, tras asegurar que se cumple así con su promesa de que el energético pase a convertirse en un modelo sostenible en la isla.
El jefe del Ejecutivo indicó que la nueva normativa creará el marco para la transición de fósiles a renovables como fuentes de generación y pondrá fin a un monopolio integrado que hasta el momento ha detentado la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) durante décadas.
Rosselló justificó la puesta en marcha de la ley por la necesidad de contar con un modelo que contribuya a la buena marcha de la economía.
El gobernador destacó que la normativa establece eliminar como fuente de generación un 20 % de combustibles fósiles en el horizonte de 2022, el 40 % en el 2025, el 60 % para el 2040 y un 100 % para el año 2050.
La nueva ley establece además la transparencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario mediante alianza público-privada (app) en o antes de final del presente año.
El primer ejecutivo de la AEE, José Ortiz, señaló por su parte que la bajada en los costos de energía solar y los sistemas de baterías harán posible la implantación de esta ley, con muchas opciones para el abonado y añadiendo resiliencia en la red.
El senador Larry Seilhamer subrayó por su parte que esta ley encamina a Puerto Rico en la dirección correcta, ya que favorece que los mayores proveedores energéticos sean los propios consumidores, las cooperativas de energía, consorcios municipales y microrredes.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía, Víctor Parés, explicó que la norma traza la ruta para este importante cambio y para que la isla se mueva el 100 por ciento a energía renovable.
La norma ordena a la AEE a transferir a compañías privadas los activos de generación mediante venta o app, además de establecer que ninguna compañía podrá alcanzar el 50 % o más de los activos de generación.
Los contratantes que adquieran u operen las plantas de generación de la AEE deberán modernizarlas o sustituirlas por plantas altamente eficientes en un periodo no mayor a 5 años.
Las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 % renovables tendrán que ser centrales de menor escala.
Además deberán tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, destacó que la firma en ley del proyecto 1121 envía un mensaje a los mercados de que en Puerto Rico hay consenso para transformar su sistema energético.
La nueva ley promueve el desarrollo de energía renovable distribuida al establecer una Absoluta Medición Neta al Detal (full retail net metering) para los participantes del Programa de Medición Neta.
Bajo este programa, un cliente con un sistema de generación elegible -que utilice una fuente renovable de energía- puede exportar a la red de la AEE el exceso de energía que su sistema genere.
La AEE medirá la energía que el cliente exporte a la red y facturará al cliente por la energía neta que este consuma.
La energía neta es igual a la energía consumida por el cliente menos la que este exporte a la red.
Si el cliente exporta más energía de la que consume de la AEE, el exceso se contabilizará en su cuenta y podrá utilizarlo en meses subsiguientes.
Mediante el Programa de Medición Neta y bajo la nueva medida, el operador de la red compensará al consumidor-proveedor por la energía que exporte a la red a la misma tarifa por kilovatio hora al que compra la energía de la red, luego de que consuma la energía autogenerada.
La nueva ley fortalece el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como ente regulador encargado de ejecutar la implementación de la política pública energética.
El presupuesto del Negociado se aumentará a 20 millones de dólares y se le otorgará mayor autonomía operacional y se le darán nuevas facultades para regular mediante mecanismos basados en métricas de desempeño de las compañías de energía.
La ley crea un Fideicomiso de Energía Verde que promoverá que los consumidores puedan convertirse en consumidores-proveedores que estará encargado de establecer programas o apoyar financieramente a proyectos que provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y medianos ingresos.
